Apoyar la Defensa de los derechos de las personas sanas o enfermas

Desde enero 2012, La Defensa asume la de los usuarios de la sanidad pública para cubrir el vacio dejado por la supresión del cargo de Defenssor dels Usuaris del Sistema Sanitàri Públic de les Illes Balears.

 

En la actualidad además asume la de los usuarios de la sanidad privada.

 

La Defensa ha incorporado  el compromiso de defender a las personas mayores por ser especialmente vulnerables, así como a sus familiares y cuidadores .

 

Desde La Defensa consideramos que los usuarios son personas y tienen valor, pero no tienen precio, que es lo que parece que prevalece hoy día.

 

Durante el año 2018 se han tramitado 33 reclamaciones sobre temas bucales y cualquiera de ellas por sí sola bastaría para ejemplificar las terribles situaciones por las que pasan muchas personas afectadas. Parece que no se ha tocado fondo y no se conoce la magnitud del problema por la dificultad de la gestión de las reclamaciones.

 

El tratamiento odontológico para los adultos, excepto los casos que son abordados como cirugía maxilofacial, no entra dentro de la cartera de servicios del Servicio Nacional de Salud, por lo que los tratamientos son realizados en consultorios particulares o bien en empresas de ámbito nacional. Estas últimas se publicitan profusamente en los medios de comunicación y tienen en la mayor parte de elles una política de rotación de los profesionales. En este caso se produce una despersonalización del trato que dificulta aún más las reclamaciones. En el caso de existir una disconformidad entre la persona afectada y el centro de tratamiento se aborda como un incumplimiento de contrato una vez hecha la reclamación al centro asistencial y no como un problema de salud. 

 

Actualmente existe la obligación de que en las clínicas dentales la valoración inicial la haga un odontólogo o dentista y no un comercial como se hacía en muchas de ellas y como suponemos se continúa haciendo en algunos centros a tenor de lo que explican los reclamantes. Es fácil confundir a los pacientes poniendo a alguien con una bata blanca y resulta muy violento que sean ellos mismos los que lo exijan. Debe ser una función de la Conselleria de Salut i Consum junto con el Colegio Oficial Odontólogos y Dentistas revisar que se haga correctamente y denunciar los casos de abuso o de incumplimiento de las normativas. 

 

Debe exigirse también que, antes de iniciar el tratamiento, se le dé al paciente un informe detallado con las posibles alternativas para que elija de manera fundamentada y no el simple formulario del consentimiento informado, muchas veces con información difícil de entender, para que lo firme. El formulario con el consentimiento debe firmarse una vez que el paciente ha tenido toda la información sobre alternativas posibles, los costes de las mismas y los riesgos probables, con el tiempo suficiente para reflexionar. Se debe facilitar al paciente que pueda pedir toda la información que requiera, incluida una segunda opinión. Del mismo modo, al acabar el tratamiento, se le debe entregar la historia clínica completa.

 

La extracción de todas o de la mayor parte de las piezas dentarias no tiene vuelta atrás, sobre todo cuando el tratamiento posterior es a base de implantes que en algunos de los reclamantes no se ha podido realizar por carecer de las condiciones físicas adecuadas (densidad ósea mandibular insuficiente). Esta situación se vuelve dramática cuando la persona es mayor y las propuestas ofrecidas para solucionarlo escapan a su capacidad económica.

 

Las consecuencias de los resultados adversos de los tratamientos odontológicos son de diverso tipo: de salud por la incapacidad para comer adecuadamente y la persistencia de dolores, molestias o infecciones; y emocional y social por la alteración estética y la dificultad para expresarse y relacionarse.

 

Por todo ello desde LA DEFENSA solicitamos a la Conselleria de Salut i Consum considere los problemas planteados en la actuación de los centros de atención odontológica como un problema de salud importante, valore las propuestas expuestas y junto con el Colegio Oficial de Odontólogos y Dentistas tome las medidas pertinentes para asegurar la protección de los usuarios de dichos centros. 

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